Este pasado jueves, 16 de mayo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hacía efectivo el despido de 14 trabajadores temporales y el traslado de ocho empleados fijos de la residencia deportiva de Llano Alto, en Béjar (Salamanca), a consecuencia de unas obras de rehabilitación integral que durarán, como mínimo, un año. Mientras desde el Comité de Empresa se tilda de la decisión de "ilegal", fuentes del departamento liderado por Gonzalo Santonja (Vox) defienden que esta era la "única solución".

En un comunicado remitido a los medios este viernes desde el Comité de Empresa, señalaban que el "despido colectivo" no cumple con los requisitos que marca la ley al necesitarse de más de 30 personas o el 10% de la plantilla de la empresa. "Requisitos que no se cumplen. Tampoco se produce el cierre definitivo del centro o la amortización de plazas para llegar al despido", añaden.

Por su parte, desde la Consejería han reiterado que esta es la "única solución", dado que es "inasumible" que los trabajadores "cobren sin trabajar" y teniendo en cuenta que existe una "necesidad de cerrar el centro y suspender la actividad por un periodo no inferior a 12 meses".

Desde el Comité de Empresa se planteaba igualmente la recolocación de los trabajadores temporales, pero la Junta ha vuelto a alegar que la movilidad geográfica de estos no es posible, "puesto que el convenio colectivo vigente en la Administración de Castilla y León solo recoge esa posibilidad para los trabajadores fijos, no siendo posible vulnerar el mismo".

Igualmente, defienden que el ERTE suspensivo es "imposible" y achacan esta situación a la normativa modificada a instancias del Gobierno de España, en manos de PSOE y Sumar, que han "prohibido" esta posibilidad, "perjudicando a estos trabajadores". También alegan otra vez que no se trata de un "desmantelamiento o privatización", dado que todo atiende a un "proceso de modernización aprovechando los fondos europeos, como se está haciendo en otras instalaciones dependientes de la Junta", con la diferencia de que aquí se produce la ya mencionada "intervención integral".

En otro orden de cosas, el Comité de Prensa denuncia la "paradoja" de que mientras se prescinde del personal de Llano Alto, se prolonga el contrato con una empresa privada de vigilancia, funciones que en horario diurno "venían realizando hasta ahora con personal propio". "Esto implica un aumento del gasto público", denuncian en su escrito.

Han cargado contra la Consejería de Santonja acusándoles de no tener "buena fe negociadora" y han tildado las decisiones de "no debidamente justificadas y a destiempo". "Se han apurado al máximo los plazos tanto para negociar con el Comité de Empresa, como para comunicar a las personas afectadas la terminación de sus contratos. Tan apurados han estado, que no han esperado al final de la negociación para comunicar a la autoridad laboral el despido colectivo. Ver que la Consejería de Cultura decide no esperar a finalizar la negociación para comunicar el despido colectivo, y teniendo en cuenta su postura ha sido inamovible, son razones suficientes para considerar que no ha habido buena fe negociadora", insisten.

Además, han manifestado su malestar por el "tan poco tiempo de margen" que han dado a los trabajadores, provocando que haya personas que "no tendrán tiempo para disponer de sus vacaciones legalmente generadas y que la Consejería de Cultura ya señala que no le pagará si no dispone de tiempo para disfrutarlas".

En este contexto, advierten de que todo esto provocará una "cascada de demandas judiciales", que además provocará un "mayor gasto" en las arcas del Ejecutivo autonómico, "con el más que posible pago de indemnizaciones", el "colapso" de los juzgados y "el desperdicio del dinero de la ciudadanía".